Organización disidente dice que hay 347 presos políticos en Cuba

La Habana, julio - La disidente Coordinadora Nacional de Presos y Ex Presos Políticos (CNPP) cifró en 347 el número de presos políticos en Cuba y advirtió de una "gran ola represiva" contra opositores en los próximos meses, coincidiendo con la Cumbre de los No Alineados.

"En este corte del primer trimestre del año, podemos decir que tenemos 347 presos políticos", indicó en conferencia de prensa Aída Valdés, portavoz de la agrupación, al presentar un informe sobre la situación de los presos y las 315 prisiones que, según la organización, hay en la Isla.

En la rueda de prensa, a la que asistió un representante de la Embajada de Polonia en La Habana, Valdés señaló que la cifra "no es exacta", ya que nadie tiene acceso a la totalidad de las causas y muchas veces no es posible "definir" si se trata de procesos abiertos "por motivos políticos o no". La CNPP considera que de los 347 presos políticos, "121 son presos de conciencia y el resto, 226, son casos que en su mayoría pueden ser juicios amañados y/o encausados con cargos no probados".

Por otra parte, la portavoz de la organización disidente advirtió de que se está gestando una "gran ola represiva" contra los opositores en la isla ante la proximidad de la Cumbre de los No Alineados, que tendrá lugar en La Habana en septiembre. "Tenemos más que sobrados motivos para alertar a la comunidad internacional de que una nueva y realmente gran ola represiva contra nosotros se está gestando", afirmó Valdés, al dar lectura a un comunicado de la CNPP.

Según Valdés, el Gobierno cubano busca "callar" a los disidentes y evitar que mantengan contactos con gobiernos de los países que asistirán el foro internacional, pero anunció que han "pensado" en "algunas cosas" para realizar durante la reunión del NOAL.

De acuerdo a sus representantes, la CNPP, que no hace habitualmente este tipo de comunicaciones ni pronunciamientos públicos, agrupa a 85 organizaciones en Cuba y lleva realizando actividades desde la década de los 60.

Valdés justificó la presentación del informe que, según comentó, se elabora cada seis meses y habitualmente no se hacía público pero se enviaba a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra por "medios que tenemos" ante la necesidad de "alertar de la situación que tenemos antes de que esa situación ocurra".